Eduardo Sarmiento, El Espectador, Bogotá, noviembre 20 de 2011
Las privatizaciones constituyeron pieza central del modelo neoliberal. Se proclamaba que la entrega de las empresas a los agentes privados generaría la competencia que contribuiría a bajar los costos, elevar la eficiencia y la calidad. Los resultados han sido totalmente distintos.
Las privatizaciones significaron grandes oportunidades para comprar las propiedades por debajo del valor real y la adquisición de poderes monopólicos para fijar precios de los servicios por encima de los costos y apropiarse de los recursos públicos. Ahora, han adoptado la forma de quiebras que se trasladan al Estado y los contribuyentes.
La ilustración más clara es la del sector salud. Como lo señaló recientemente la contraloría, la privatización del sector fue empleada por las EPS para ofrecer servicios por debajo de las cotizaciones y extraer ganancias para otras actividades. Ante la exigencia de la Corte Constitucional y las tutelas de entregar servicios equivalentes a los del sistema contributivo, las EPS se vieron abocadas a serios desajustes financieros que llevaron al gobierno a crear el Fosyga para asumir parte de los gastos. Finalmente, el sistema colapso y el Gobierno adopto una ley para subsanarlo. Luego de un año de haber sido expedida, a estas alturas no se conoce la reglamentación de la ley ni el origen de los recursos para asegurar la universalidad ordenada por la Constitución.
Basado en las concepciones neoliberales, el Gobierno fundamento la solución de la cobertura y la calidad de la educación en el lucro individual y la entrada del capital privado. A la luz de las experiencias fallidas de Chile y Estados Unidos, los estudiantes y la comunidad entendieron que se trataba de otro experimento para que los agentes entrara a obtener grandes ganancias, apropiarse de los recursos públicos, acentuar la discriminación y orientar los recursos en favor de los sectores más favorecidos. Presionado por la reacción de Chile, el Gobierno se precipitó a eliminar loa artículos con sabor de privatización, dejando la reforma sin instrumentos para asegurar la calidad y la cobertura. Finalmente, retiró el proyecto de la discusión del Congreso y anunció una nueva versión.
El caso mas inquietante es el de las comunicaciones. El Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para capitalizar a Coltel, cuyo socio mayoritario es Telefónica de España.
No sobra recordar que en 2006 Telefónica de España adquirió la mitad más una acción de Telecom por US $350 millones, bajo el compromiso de que la nueva empresa (Coltel) se encargara de cubrir el pasivo pensional. Desde un principio era evidente que la empresa no realizaba el menor esfuerzo para honrar el acuerdo.
Ahora, después de cinco años, como lo señalé en una columna anterior, resulta que la empresa registra pérdidas de $1.7 millones en los últimos años y no puede cumplir con el compromiso del pasivo pensional. En su lugar, Telefónica de España propone, con beneplácito del Gobierno, una capitalización conjunta, que le daría un gran margen para realizar inversiones y funciones para lograr una posición dominante que afectaría a todo el mercado, en particular a las empresas municipales y distritales. La propuesta tiene un tinte de chantaje, porque la otra opción que ofrecen es la liquidación de Coltel, en cuyo caso el Estado asumiría la totalidad de la obligación del pasivo pensional de $8 billones.
La privatización ha adquirido una nueva forma. Los responsables de los fracasos son los encargados de redimirlos. Los esfuerzos no se orientan a modificar y rectificar las concepciones ni a reversar los procesos, sino a movilizar los recursos presupuestales para sostener instituciones que son demasiado grandes para quebrarse.
Las privatizaciones significaron grandes oportunidades para comprar las propiedades por debajo del valor real y la adquisición de poderes monopólicos para fijar precios de los servicios por encima de los costos y apropiarse de los recursos públicos. Ahora, han adoptado la forma de quiebras que se trasladan al Estado y los contribuyentes.
La ilustración más clara es la del sector salud. Como lo señaló recientemente la contraloría, la privatización del sector fue empleada por las EPS para ofrecer servicios por debajo de las cotizaciones y extraer ganancias para otras actividades. Ante la exigencia de la Corte Constitucional y las tutelas de entregar servicios equivalentes a los del sistema contributivo, las EPS se vieron abocadas a serios desajustes financieros que llevaron al gobierno a crear el Fosyga para asumir parte de los gastos. Finalmente, el sistema colapso y el Gobierno adopto una ley para subsanarlo. Luego de un año de haber sido expedida, a estas alturas no se conoce la reglamentación de la ley ni el origen de los recursos para asegurar la universalidad ordenada por la Constitución.
Basado en las concepciones neoliberales, el Gobierno fundamento la solución de la cobertura y la calidad de la educación en el lucro individual y la entrada del capital privado. A la luz de las experiencias fallidas de Chile y Estados Unidos, los estudiantes y la comunidad entendieron que se trataba de otro experimento para que los agentes entrara a obtener grandes ganancias, apropiarse de los recursos públicos, acentuar la discriminación y orientar los recursos en favor de los sectores más favorecidos. Presionado por la reacción de Chile, el Gobierno se precipitó a eliminar loa artículos con sabor de privatización, dejando la reforma sin instrumentos para asegurar la calidad y la cobertura. Finalmente, retiró el proyecto de la discusión del Congreso y anunció una nueva versión.
El caso mas inquietante es el de las comunicaciones. El Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para capitalizar a Coltel, cuyo socio mayoritario es Telefónica de España.
No sobra recordar que en 2006 Telefónica de España adquirió la mitad más una acción de Telecom por US $350 millones, bajo el compromiso de que la nueva empresa (Coltel) se encargara de cubrir el pasivo pensional. Desde un principio era evidente que la empresa no realizaba el menor esfuerzo para honrar el acuerdo.
Ahora, después de cinco años, como lo señalé en una columna anterior, resulta que la empresa registra pérdidas de $1.7 millones en los últimos años y no puede cumplir con el compromiso del pasivo pensional. En su lugar, Telefónica de España propone, con beneplácito del Gobierno, una capitalización conjunta, que le daría un gran margen para realizar inversiones y funciones para lograr una posición dominante que afectaría a todo el mercado, en particular a las empresas municipales y distritales. La propuesta tiene un tinte de chantaje, porque la otra opción que ofrecen es la liquidación de Coltel, en cuyo caso el Estado asumiría la totalidad de la obligación del pasivo pensional de $8 billones.
La privatización ha adquirido una nueva forma. Los responsables de los fracasos son los encargados de redimirlos. Los esfuerzos no se orientan a modificar y rectificar las concepciones ni a reversar los procesos, sino a movilizar los recursos presupuestales para sostener instituciones que son demasiado grandes para quebrarse.
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