La Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, rechaza de manera rotunda los señalamientos del señor ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, ante la opinión pública y a través de los medios de comunicación nacionales, asegurando que los mineros de Colombia seremos “tratados como narcotraficantes” porque según él “somos la nueva coca del país”. Este tratamiento peligroso y atentatorio de nuestros derechos constitucionales fundamentales a la vida, trabajo, honra y dignidad, amenaza nuestra existencia como productores y trabajadores al servicio de los intereses nacionales.
Los mineros colombianos somos más de dos millones de personas que devengamos el sustento diario de la minería, como resultado de una tradición cultural de siglos y más recientemente de la ruina de la agricultura provocada por el libre comercio.
Hemos manifestado al gobierno nacional que nos oponemos a que se elaboren políticas públicas y reformas al código minero sin consultar a todos los sectores y poblaciones que se verán afectadas por el avance de la “locomotora minero-energética”, porque se constituyen en leyes antidemocráticas que generan pobreza y con ello más violencia. Con este tipo de señalamientos, el ministerio está autorizando la destrucción de nuestras minas y materiales de trabajo, que con tanto esfuerzo hemos construido en décadas y siglos de trabajo, resolviendo con la fuerza pública un problema que tiene un origen social y económico. Pagamos regalías, declaramos renta y estamos dispuestos a cumplir con todos los requisitos de ley tanto en la parte minera como ambiental, siempre y cuando se diferencia la actividad que nosotros realizamos de la que desarrollan las grandes compañías mineras trasnacionales.
Con esta actitud del gobierno nacional se está creando una bomba social sin precedentes, pues se está incitando a un conflicto de incalculables consecuencias, que se suma al creciente inconformismo social que se manifiesta en masivas movilizaciones estudiantiles y paros de trabajadores del sector minero-energético, al que ahora se le suma el de los productores nacionales de minerales.
Exigimos al gobierno nacional un acuerdo concertado para la construcción de una política pública minera incluyente y democrática. En concordancia, hacemos un llamado a todas las asociaciones y empresas mineras del país para organizar un gran paro nacional.
LUIS RAMIRO RESTREPO
Presidente
LUZ STELLA RAMÍREZ
Directora Ejecutiva
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